En la presente publicación se recogen los criterios jurisprudenciales sobre los daños provocados por el incumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas.
Para ello se muestran los criterios generales a tener en cuenta, como son los conceptos de consumidor o usuario de energía eléctrica; el producto; el servicio o producto defectuoso; el productor; el suministrador y la comercializadora. Además, se trata la duda sobre la normativa aplicable a este sector, si es la específica, la del Código Civil o la de los consumidores.
En una segunda parte, se analiza la respuesta de los jueces según el origen del daño, por fenómenos atmosféricos, en una instalación privativa, en un elemento de la Comunidad de propietarios o en los equipos de la empresa de electricidad.
Y además, en la parte de Actualidad:
· En el cómputo de los plazos en la fase de instrucción, ¿son todos los días hábiles para cualquier tipo de actuación? · Los procedimientos judiciales por amianto veinte años después de su prohibición
· Conducción de patinete eléctrico

Presentamos nuestra nueva Colección “Casos ganados…”, con ella hacemos el trabajo por ti. Te facilitamos casos reales y recientes resueltos por Tribunales de toda España en los que se da la razón al ciudadano (y a su abogado). ¿Ganar a la Administración por un defecto de notificación? Es muy complicado, pero no imposible. En esta ocasión encontrarás 100 resoluciones a favor del cliente por no haberse respetado todos y cada uno de los requisitos de las notificaciones, ya sean en papel o por medios electrónicos.

La figura jurídica de la enervación de la acción de desahucio por falta de pago consiste en la posibilidad que tiene el arrendatario de evitar la resolución del arrendamiento pagando las cantidades adeudadas. Ha sufrido varias modificaciones legislativas y, en la actualidad, aparece regulada en el art. 22, apdo. 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
Abordamos en este estudio jurisprudencial las cuestiones que suscitan problemática y que son objeto de un número abundante de recientes resoluciones judiciales: ¿Cuáles son los requisitos del requerimiento previo? ¿Debe comunicarse expresamente la resolución del contrato ante el impago? A efectos del cómputo, ¿qué sucede cuando han existido enervaciones anteriores? ¿Qué cantidades deber ser consignadas o pagadas para enervar la acción? ¿Cuál es el criterio de los tribunales si el pago se produce una vez interpuesta la demanda y hasta la celebración de la vista? ¿Se impondrán costas al arrendatario que ha motivado el procedimiento?
Y además, en la parte de Actualidad:
· Interdicto de recobrar y okupas · Hacia la limitación de la renta en el arrendamiento de vivienda · Situación de vulnerabilidad en juicio de desahucio y falta de adopción de medidas por las Administraciones Públicas

¿Cuánto tiempo debo poseer un inmueble para adquirirlo por usucapión? ¿Dudas en cuanto a la determinación de los requisitos de la posesión?
Estas y otras cuestiones obtienen respuesta en esta obra, que constituye una herramienta fundamental para conocer en profundidad y desde una perspectiva práctica el fenómeno jurídico de la prescripción adquisitiva o usucapión, institución que contempla la posibilidad, por parte de quien posee un bien, de ser finalmente su dueño, siempre que se cumplan una serie de presupuestos legales que varían según se trate de la prescripción ordinaria o extraordinaria.

Dos son las cuestiones que tratamos en este trabajo: por un lado, las obras que el propietario de cada piso o local puede realizar en los elementos comunes, así como la posibilidad de realizar reparaciones urgentes y las actividades que tanto al comunero como al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en la propiedad privada o en el resto del inmueble; por otro, las actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
¿Qué significa la notificación que los propietarios deben hacer al representante de la Comunidad cuándo realizan obras en elementos privativos? ¿Cuándo procede que los comuneros realicen las obras urgentes? ¿Qué actividades pueden desarrollar los comuneros en su propiedad? ¿Quién debe realizar el requerimiento en caso de actividades molestas? ¿A quién se debe demandar al ocupante o al propietario? ¿Procede privar del uso de la propiedad cuando el que realiza las infracciones es el ocupante?
Veamos las respuestas de la jurisprudencia.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Contenido del certificado del acuerdo de liquidación de la deuda · Medidas disuasorias frente a la morosidad en las comunidades de propietarios
· Supresión de radiadores y pago de gastos comunes

Son muchas las medidas extraordinarias aprobadas como consecuencia de la pandemia en 2020 y la crisis económica de la Guerra de Ucrania en 2022 en el arrendamiento de vivienda y que continúan en vigor durante el año 2023. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus requisitos y sus plazos?
El Real Decreto-Ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, establece las medidas relativas al alquiler de vivienda, ampliando los
plazos respecto a la suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamientos, la compensación por arrendadores y propietarios ante dicha suspensión, y la limitación en las actualizaciones de la renta. Además, introduce la nueva medida de prórroga extraordinaria de seis meses en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Por otra parte, mostramos también la ayuda para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes mediante el Bono Alquiler Joven, según el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.
En definitiva, un análisis detallado, con el rigor de la Editorial Jurídica sepín, sobre cuáles son las medidas que todavía pueden solicitarse en 2023.
Y además, en la parte de Actualidad:
· Cláusulas nulas en el contrato de arrendamiento de vivienda. Análisis de la Sentencia del JPIn.º 31 de Barcelona, de 9 de enero de 2023 · Consideración del arrendatario como consumidor y del arrendador como empresario. RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, TRLGDCU

Como todos los años desde la reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por la Ley 35/2015, sepín publica esta guía que contiene los criterios de actualización del ?Baremo de Tráfico? para el año 2022 y su aplicación en las tablas, ya que la propia norma indicia que debe realizarse de forma automática, sin necesidad de esperar a su publicación por la Dirección General de Seguros.
La extensión y la actualización de las cuantías de las tablas hace imprescindible esta Guía Práctica, debiendo prestar atención a los criterios de actualización, dado que no todas se acrecientan igualmente. Además, recoge diversos esquemas sobre el uso de este método de valoración, explicando cada tabla, el nuevo procedimiento extrajudicial o el nuevo informe pericial. Igualmente, cuenta con un conjunto de formularios, así como con la unificación de toda la normativa. De esta forma, esta obra pretende facilitar el acceso al contenido del articulado y a todas las tablas.

En el presente Cuaderno analizamos una de las fases esenciales del juicio ordinario: la audiencia previa. Aunque es sin duda uno de los actos más reglados de la norma rituaria, se sigue de forma distinta y con soluciones heterogéneas en los diferentes juzgados de nuestro territorio. Por eso deviene esencial el conocimiento de los problemas que puede plantear la incomparecencia de algunas de las partes y las incidencias durante su desarrollo.

En el régimen de propiedad horizontal, conforme establece el art. 3 b) LPH, existe copropiedad sobre los elementos comunes. No obstante, algunos de ellos pueden tener un uso individualizado, en ese caso, ¿cómo se otorga?, ¿es este un derecho excluyente?, ¿quién será el responsable del mantenimiento y las reparaciones?, ¿qué limites tendrá este uso?, ¿qué obras están permitidas y cuáles necesitan acuerdo comunitario?, ¿podrá la Comunidad disponer de los citados elementos?, ¿procederá la creación de servidumbres?, ¿se deberá indemnizar al usuario? Estas y otras preguntas tienen respuesta en este completo estudio jurisprudencial.

Los arts. 806 a 811 del Capítulo II del Título II del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811) y comprende, en realidad, dos procedimientos diferentes: el de formación de inventario y el de liquidación en sentido estricto, con una variante más para el régimen de participación.
Nos encontramos, sin duda, ante una de las regulaciones más complejas de toda la LEC, por lo que ha sido y seguirá siendo fuente inagotable de resoluciones judiciales y de opiniones que hay que conocer.